El Gobierno de PSOE-UP se encuentra preparando la arquitectura legal para abrir la puerta a la ilegalización de la Fundación Franco, siendo este el siguiente paso tras la exhumación de los restos del Valle de los Caídos.
La próxima Ley de Memoria Democrática busca acabar con el ducado que ostenta la familia Franco y declarar ilegal las organizaciones o fundaciones que realicen o inciten «directa o indirectamente» al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
Para llevar a cabo la ilegalización, como personas jurídica, de la Fundación Franco y que preside el general Juan Chicharro, el Gobierno busca modificar la Ley de Fundaciones y la normativa del derecho de Asociación con el argumento de incitación al odio o violencia contra las víctimas del franquismo, según adelantan fuentes cercanas al Ejecutivo a La Información.
El Gobierno también estudia sanciones económicas ante determinados actos en los que un grupo de personas se dediquen a exaltar el franquismo o hacer apología de la dictadura. Aquí entrarían muchas situaciones, como la exhibición de banderas o los lemas franquistas. Esto abre las puertas a que los actos del 20 de noviembre, aniversario del dictador, se ilegalicen. Desde el Gobierno se ha propuesto además clausurar los locales donde se realicen este tipo de actos.
En cuanto a las sanciones, desde el PSOE-UP distinguen tres tipos: muy graves, graves o leves. Así, no impedir la exaltación de la figura del dictador en un municipio acarrearía para el ayuntamiento una multa de entre 10.001 y 100.000 euros. El mantenimiento de simbología de exaltación al franquismo podría valer entre 2.001 y 10.000 euros, y el deterioro de las placas identificativas a los Lugares de Memoria Histórica podría suponer una sanción de entre 200 y 2.000 euros. Todo esto se concretará en el decreto que salga del consejo de ministros y que se encuentra en consulta pública desde el viernes a la espera de aportaciones.
