En un auto, el Juzgado de Instrucción número 13 de Cataluña explica que no ve «indicios suficientes» de los delitos de rebelión y sedición a los organizadores del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, según informa Europa Press. De haberlos encontrado, se habría trasladado la causa a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo, que habrían sido los organismos competentes en ese caso.
El auto se emite después de que Josué Sallent, dirigente de ERC, solicitara una aclaración sobre los delitos que le imputaban, ya que en el sumario del caso «no se hace referencia alguna a los delitos de rebelión y sedición» por los que inicialmente fue denunciado. Sallent
trabajaba en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña y es considerado el hombre de confianza de Oriol Junqueras en ese organismo. Organismo en el que, según la Guardia Civil, se preparaba la creación «estructuras de Estado» para la república catalana.
«No habiéndose producido ninguna otra exposición en relación a otros investigados, es por lo que se considera no existen indicios suficientes sobre su participación en dichos delitos sin perjuicio de que, en su día, pudieran resultar procesados por cualesquiera de los otros también investigados en esta causa», señalan en el auto. Y se añade: «no se han dejado de investigar los delitos de rebelión y sedición sino que, por el momento y pese a que en su caso no correspondería la instrucción a este juzgado, no se han observado indicios de su participación en los mismos de los, hasta el momento, investigados en esta causa»
No obstante, el Juzgado número 13 sigue investigando delitos de malversación de fondos públicos en el referéndum del 1 de octubre, en el dominio referendum.cat, en las notificaciones postales para ocupar cargos en las mesas electorales, en la propaganda sobre el evento o en l contratación de observadores internacionales.