El Partido Popular y Vox han sido las únicas formaciones que se han mostrado en contra de los reales decretos que establecen la prohibición de los despidos por causas objetivas vinculadas al coronavirus y el permiso retribuido recuperable, cuyo fin es hibernar al sector productivo no esencial y restringir la movilidad de los ciudadanos para no extender la pandemia.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha defendido que «el permiso retribuido recuperable permite el reparto del coste de la emergencia sanitaria entre la empresa y las personas trabajadoras».
«Mantener una bolsa de temporalidad de las dimensiones de la española, que no encuentra paragón en Europa, significa que carecemos de instrumentos eficaces para contener una parte de la destrucción de empleo cuando se producen turbulencias», ha reconocido, recalcando que el decreto posibilita a los contratos temporales entrar «en ese paréntesis que ensayamos como respuesta laboral a la crisis sanitaria: sus tiempos se reanudarán una vez concluya esta crisis».
«No es el momento de despedir, sino de aguantar, y el Estado hará todo lo que esté en su mano para ayudar a que empresas y trabajadores aguanten», ha zanjado la titular de Trabajo.
La diputada del PP Elvira Rodríguez Herrer ha acusado a Díaz de «amenazar a los empresarios» utilizando los reales decretos y de llevar a cabo «medidas que hacen más costosa la crisis a las empresas y ponen en grave riesgo el empleo».
Por su parte, el diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha asegurado que su partido votó en contra de los decretos porque siguen «el modelo comunista que quiere castigar y luego expropiar el sector productivo» para luego «tratar de comprar a los ciudadanos con una renta básica».
El ultra ha intentado dividir al Gobierno de coalición afirmando que «con estos Reales Decretos Pablo Iglesias ganó y Calviño perdió». Posteriormente ha pedido la dimisión de todo el Ejecutivo.