El Tribunal de Cuentas tiene desde hace un año una petición de la Fiscalía para investigar las cuentas de Vox

Santiago Abascal. Flickr

El Tribunal de Cuentas tiene en su poder desde hace 11 meses el escrito donde en julio de 2020 la Fiscalía de Valencia le pidió que estudiase una denuncia contra Vox por si los hechos que constan «fueran constitutivos de alguna de las infracciones administrativas» detalladas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP). No obstante, todavía no ha hecho nada al respecto.

La denuncia, de carácter penal, fue interpuesta por una militante de Vox que decía conocer la existencia de una caja b y de cantidades que se fraccionaban para ser ocultadas. 13 días después, la fiscal encargada de las diligencias consideró que no había indicios de delito y, a su propuesta, se cerró la investigación.

Sin embargo, la Fiscalía de Valencia dictó un decreto donde el jefe del ministerio público valenciano, José Francisco Ortiz, ordenaba la remisión de la denuncia al Tribunal de Cuentas «para que analice los hechos descritos en la misma, por si fueran constitutivos de alguna de las infracciones administrativas contempladas en el art. 17 de la L.O. 8/2007».

Este artículo enumera las conductas que incumplen puntos clave como las donaciones y aportaciones de dinero o los límites en el gasto electoral, transgresiones que no tienen que ser necesariamente un delito de financiación ilegal, pero que conllevan sanciones.

El diario ‘infoLibre’ pidió el jueves al Tribunal de Cuentas conocer el resultado del escrito remitido hace un año por la Fiscalía valenciana. Su respuesta ha sido que la Ley Orgánica del TC «señala que la iniciativa para pedir el inicio de actuaciones fiscalizadoras» corresponde al propio tribunal.

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