El rey Juan Carlos I metió una cláusula en la fundación Lucum, quien recibió los 64,8 millones de euros de Arabia Saudí, para evitar conflictos internos en el Palacio de la Zarzuela por el control de los fondos.
Esta cláusula, que se puede leer en un acta desvelada por El Confidencial, tenía como objetivo principal inhabilitar cualquier posible movimiento de Felipe, sus hermanas Elena y Cristina o incluso de sus hijas, Leonor o Sofía, con la intención de quedarse la fortuna presuntamente donada por el rey Abdulá a Juan Carlos I en 2008.
Sin embargo, en los documentos figura que Felipe VI sería el titular del patrimonio si fallecía su padre. A la vez, también se establecía que si Juan Carlos I fallecía, Felipe pasaría a ocupar su lugar como jefe de la fundación Lucum, creada con la intención de esconder esa fortuna de Hacienda.
En los documentos también aparecen otros miembros de la familia real, e incluso los que aún no existen. En el momento en el que Felipe se hiciera cargo de la fundación, debería, obligadamente, a «garantizar el mantenimiento de todos los miembros de la familia real española, en particular, de S.M., la Reina Sofía de España, de S.A.R., la infanta Elena de Borbón y Grecia, Duquesa de Lugo y sus hijos nacidos o por nacer, de la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, y Duquesa de Palma de Mallorca y sus hijos nacidos o por nacer».
