La Fiscalía pide dos años de cárcel para el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP)

José Alberto Armijo. PP

José Alberto Armijo, alcalde de Nerja, se sentará en el banquillo por el ‘Caso Vertedero’ de la localidad malagueña, junto a otra concejala del Partido Popular y siete empresarios.

El vertedero estuvo en funcionamiento durante más de 15 años, coincidiendo con mandatos de Armijo, quien ignoró los requerimientos de la Junta. El actual alcalde de Nerja ya ocupó este cargo desde 1995 a 2015, recuperando el puesto en 2019 hasta la actualidad.

El vertedero se encuentra en el Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, en el que según el auto del juez se vertieron “de manera incontrolada residuos de la construcción, peligrosos y podas“, lo que supondría graves riesgos.

El juez ha establecido una fianza de 10,7 millones de euros que Armijo deberá pagar para evitar embargos personales. Este importe corresponde a la responsabilidad por los graves daños sufridos en la zona después de tres lustros de ser usado como vertedero de escombros y hasta de materiales tóxicos. Así, el alcalde ha sido acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El Ministerio Fiscal hacía constar en un escrito de finales de febrero la existencia desde 1998 de un vertedero ilegal de tres hectáreas y 800.000 metros cúbicos situado junto al río de la Miel y dentro del Parque Natural Sierra de Tejeda y Alhama. En este vasto espacio protegido se vertieron materiales sin clasificar ni separar por parte de operarios municipales y de empresas vinculadas al Ayuntamiento, con el riesgo de contaminación el paraje natural, el peligro de incendios y el riesgo para la seguridad de la población que esto supone.

Guardia Civil

La Fiscalía exige el alcalde Armijo, la concejala de de Urbanismo y Vivienda, María Nieves Atencia y siete empresarios dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio, así como una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, lo que suma un total de 7.200 euros. En concepto de responsabilidad civil, los procesados y el Ayuntamiento como responsable subsidiario deberán abonar en caso de ser condenados los gastos de la restauración de la zona.

A la concejala se la acusa de conocer y aceptar las decisiones de Armijo sobre el vertedero.

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