La Fiscalía de Madrid ha pedido siete meses de cárcel para la portavoz de la organización ultraderechista Hogar Social, Melisa Domínguez, por un delito de desobediencia. Los hechos investigados se remontan a enero de 2020, cuando miembros del colectivo se desplazaron hasta la sede del PSOE para protestar tras haber sido desalojados de un edificio que estaban ocupando cerca de Plaza de España (Madrid).
El escrito de acusación sostiene que el 9 de enero de 2020 Domínguez «se dirigió junto a otras quince personas, todas ellas integrantes del colectivo Hogar Social Madrid, a la sede del Partido Socialista Obrero Español» y se sentaron «en el suelo junto a la puerta de entrada y en el espacio comprendido entre ésta y los tornos y controles de seguridad”.
«La acusada se identificó como portavoz del grupo y se negó reiteradamente a acatar las órdenes que le fueron dadas por el responsable de seguridad de la sede y por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía para que abandonara el lugar», explica la Fiscalía, añadiendo que Domínguez continuó “persistiendo en su negativa, hasta que, finalmente, los agentes policiales tuvieron que desalojarla contra su voluntad” .
En un auto emitido el pasado 15 de febrero, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid rechazó que Domínguez hubiese cometido un delito de allanamiento, como sostenía la defensa del PSOE, que desempeña la acusación particular.
Para la jueza, “basta el visionado del contenido de las imágenes aportadas para comprobar” que ni Domínguez ni el resto de manifestantes “trataron de pasar los tornos de acceso a las instalaciones del partido, situándose en la zona de acceso y en las puertas de entrada al edificio desde la calle”, aunque admite que “la presencia del grupo en el lugar dificultó la entrada y salida a la sede del partido”.
Por ello, la magistrada enmarca los hechos en un presunto delito de desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad.
Además de este proceso judicial, Domínguez será juzgada en diciembre por un delito de incitación al odio por el ataque a la mezquita de la M-30 del 22 de marzo de 2016 tras los atentados yihadistas de Bruselas.
Unos meses antes, el 5 de julio, será juzgada por su actuación en una de las caceroladas contra el Gobierno convocadas en la calle Ferraz en el mes de mayo de 2020. En esta causa, el juzgado fijó la apertura de juicio oral contra la ultra por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
