Unidos Podemos ha presentado en el Congreso la nueva Proposición de Ley Orgánica de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y la Adolescencia. El objetivo de este proyecto de ley es promover el «cambio cultural», de manera que se deje de tolerar de una vez la violencia a menores, por pequeña que sea, como bofetadas o azotaínas.
Ione Belarra, portavoz de la formación morada en el Congreso, explicaba a la prensa que la ley «se está retrasando.» Unidos Podemos pone este texto a disposición del Gobierno para que lo trabaje e insisten en que se registre la ley cuanto antes. Tienen prisa, ya que por los tiempos de tramitación, sería imposible tener esta ley antes de que acabe la legislatura si no se registra antes de 2018.
Violeta Assiego, coordinadora del equipo que elaboró el texto, explicaba cómo la nueva ley debería «cambiar el paradigma» de forma que la violencia a los niños y niñas no sea tolerable de ningún modo. La coordinadora es experta en temas relacionados con los derechos humanos de los colectivos vulnerables.
Assiego: «Ahora es impensable que alguien diga que ha pegado un bofetón a su novia, a su chica o a su mujer, y en cambio esa misma afirmación trasladada a un niño o una niña no causa ningún tipo de impacto, no interpela a la persona que lo escucha»
Una medida destacada del Proyecto de Ley es que la prescripción de delitos de agresión sexual a menores se empiece a computar sólo a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años. Establece también la obligación de denunciar los casos de violencia a menores y la creación de una línea telefónica de atención a niños y niñas que sufren violencia, abierta las 24 horas. Pide que las hijas e hijos de madres que sufren violencia de género se consideren también como víctimas. Establece el criterio por el que los centros educativos deben contar con protocolos de actuación y formar al profesorado para que pueda ayudar a las víctimas de violencia consecuentemente.
También se prohíben en el texto ciertas prácticas propias de los controles migratorios, como los desnudos integrales para la exploración genital o la repetción de las pruebas radiológicas.
Han advertido que el Código Penal ya establece sanciones a la violencia contra menores, y que la nueva ley sería de carácter más «pedagógico.» «No se trata tanto de endurecer las penas, sino de dejar claramente por escrito que la violencia hacia los niños no es algo permisible», explicaba Belarra.
El pasado año hubo un total de 28.433 denuncias por delitos de violencia contra menores, según datos del Ministerio del Interior. Del mismo modo, más de 4.500 menores sufrieron delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, alrededor de un 85% de las agresiones sexuales a menores no se denuncian, según las estimaciones. De las que entran en el sistema, un 70% ni siquiera llega al juicio oral.
