Tanto en sanidad, Unión Europea y economía, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos pudo llegar a acuerdos con la derecha, pero en políticas sociales les fue imposible por sus diferencias en cómo gestionar el apartado educativo.
En ese apartado se encontraba el veto a la educación concertada, un apartado que finalmente lograron sacar adelante con el apoyo de los aliados: ERC y EH Bildu. En este tema, el Gobierno buscaba empoderar la educación pública aumentando los recursos y las becas, y con ello, se eliminaban las ayudas del fondo de recuperación por el COVID-19 a la educación concertada.
Además, en el documento, aprobado también con la abstención del Grupo Mixto, se instaba a mejorar los derechos laborales de los docentes y a aumentar progresivamente las plazas escolares en la red de colegios públicos para poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes. También se instauraba la universalización del acceso a la Educación Infantil de 0 a 3 años y un incremento de los profesionales especialistas en los centros de necesidades especiales o dificultad de aprendizaje.
