La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó el pasado mes de noviembre a la defensa de Juan Carlos I, Javier Sánchez Junco, la existencia de diligencias de investigación sobre los posibles delitos derivados del uso de la tarjeta black con fondos opacos.
Fuentes del Ministerio Público han asegurado a Europa Press que esta circunstancia será valorada por el fiscal para determinar la validez de la declaración voluntaria hecha pública este miércoles por Juan Carlos I en la que abonó 678.393,72 euros correspondientes a los impuestos impagos de 2016, 2017 y 2018.
Este nuevo revés pone en duda esta regularización con la que el rey emérito pretendía evitar las investigaciones, ya que según el Código Penal, se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al reconocimiento y pago de la deuda tributaria «antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».
