La Agrupación Reformista de Policías (ARP) ha reclamado al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y a la Dirección General de Policía que «actúen y den órdenes concretas» para detener el acoso al vicepresidente segundo Pablo Iglesias y de la ministra de Igualdad Irene Montero.
La familia de los políticos se vio obligada a cancelar sus vacaciones en Asturias por las amenazas e insultos de simpatizantes de ultraderecha. «No entendemos cómo no se actúa para prevenir antes de que se den circunstancias denunciables, que propician alarma social y favorecen el estado de crispación», asevera la entidad sindical. «Se pone en duda la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», añaden.
La Agrupación Reformista de Policías recalca que el Ministerio del Interior se ocupa de «salvaguardar la integridad física de ambos y la de su familia, tanto en sus actos oficiales, como en el ámbito privado». El sindicato señala que «los hechos que sucedieron en las proximidades de un domicilio particular, donde se encontraban ambas personalidades en calidad de invitados con su familia, al igual que con anterioridad en su propia vivienda, deben evitarse de inmediato«.
ARP también indica que los servicios de protección que se presta al resto de altos cargos del Gobierno se ejecutan «sin ningún tipo de incidente».
«Consideramos que algo debe mejorarse desde el Ministerio del Interior, al permitir de forma continuada que se vengan conociendo actitudes de ciudadanos, incluso por algunos miembros de los cuerpos policiales, y determinada asociación de la Guardia Civil, en redes sociales, que son contrarias al Estado social y democrático de derecho», sentencia el sindicato.
«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben actuar con neutralidad política e imparcialidad. Desde ARP queremos felicitar a la ciudadanía mayoritaria, que cumple y ayuda a cumplir las normas de convivencia, y expresar nuestro total apoyo a los miembros de seguridad y escolta personal, funcionarios del CPN, que atienden y protegen a cientos de personalidades de las distintas formaciones políticas y altos cargos de la administración y que sirven con lealtad y total profesionalidad a nuestros representantes democráticamente elegidos», concluyen.
